Se va a proceder a el control de las descargas de internet. La industria cultural española ha renunciado a la aplicación ley Sarkozy, el modelo francés de la persecución de las descargas de archivos. La última propuesta de la industria audiovisual, representada por la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos, renuncia a la persecución de los más de ocho millones de internautas que realizan descargas de vídeos y música por Internet, y se centra en la persecución de las páginas web que facilitan los enlaces que permiten esas descargas.
Una comisión dependiente de Industria tramitará las denuncias
"La industria quiere un modelo de regulación distinto del francés, centrado en quienes se lucran con la piratería. Nuestra prioridad no son las sanciones, sino facilitar que quienes consumen productos en Internet encuentren servicios que ofrezcan obras con calidad, seguridad y a precios asequibles. Para lograrlo hacen faltan acuerdos entre las operadoras y la industria de contenidos, que hagan posible compartir los riesgos que todo cambio de modelo de negocio tiene", señalan fuentes de la coalición.
De esta forma, se descarta un sistema de notificaciones masivas con cortes de conexión para los internautas que usen programas de intercambio de archivos p2p (eMule, BitTorrent), como prevé la ley francesa, que fue tomada como modelo por la actual ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, cuando ocupaba la presidencia de la Academia de Cine. La propuesta de la coalición se centra en la persecución de los llamados "concentradores", los responsables de las páginas web que alojan o enlazan los archivos protegidos por derechos de propiedad intelectual, que permiten las descargas. Según algunas estimaciones, esas website son responsables del 80% del tráfico de los archivos protegidos (películas, videojuegos y música).
En este sentido, la propuesta de la coalición -integrada por las patronales del cine, la música, el software y las sociedades de gestión de derechos- distingue dos procedimientos. Uno, aplicable a los "concentradores", consiste en un primer y único aviso para que cesen en su actividad "ilícita" tras el cual, y si no hay rectificación en la conducta, se procedería a la interrupción definitiva del alojamiento de las web albergadas en servidores españoles, o al bloqueo de las páginas radicadas en el extranjero.
Los usuarios comunes seguirían otro procedimiento: el de los tres avisos -con "carácter educativo", según sus promotores- para que dejen de subir archivos a la Red (que no bajar). De no surtir efecto se aplicarían medidas dirigidas al filtrado o al bloqueo del acceso de las páginas web desde las que se realizan las descargas, evitando en la medida de lo posible la desconexión de Internet.
"Contra la piratería comercial, que nosotros llamamos concentradores, se debe poder aplicar la ley actual, que ya permite cerrar las páginas que están poniendo a disposición obras sin el permiso de sus propietarios. Podemos facilitar los procesos si establecemos una vía administrativa en materia de regulación de contenidos en Internet, como ya existe en televisión. Esta autoridad administrativa podría, tras un primer aviso y los plazos correspondientes de alegaciones, ordenar la suspensión definitiva del servicio de alojamiento. Para el resto de usuarios somos partidarios de un sistema de notificaciones, con una clara voluntad educativa y disuasoria, y, sólo para usuarios reincidentes, se podría estudiar algún tipo de medida tecnológica, que debe ser proporcional y temporal", explican en fuentes de la coalición.
Aunque el sistema de tres avisos es el que se quiere implantar en Francia y Reino Unido, la propuesta en España es que se minimice el número de notificaciones para evitar la alarma social. Y es que, frente al modelo francés, que prevé 10.000 notificaciones al día para los internautas, las cifras que se manejan en la negociación entre la coalición y Redtel no alcanzan ni el 0,01% de esa cifra.
Respecto a la polémica sobre la desconexión, la coalición estima que ya existen sistemas de rastreo de los llamados hash (el DNI que identifica cada archivo en la Red) que permitirían a los operadores bloquear el acceso a las páginas que permiten su descarga, evitando esa medida. "La interrupción temporal del servicio a Internet sería excepcional y temporal si todo lo demás falla", precisan en las mismas fuentes.
Para aplicar ese sistema, se propone una Comisión de Desarrollo y Control de Contenidos Digitales, un órgano independiente -vinculado orgánicamente al Ministerio de Industria- que ejercería el control del proceso, tramitaría las denuncias de los dueños de los derechos de los archivos descargados sin permiso y ordenaría, en su caso, el bloqueo de las páginas web.
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